BADAJOZ, 13 de junio.
La Diputación de Badajoz ha llevado a cabo una actualización significativa en su Plan de Medidas Antifraude, respondiendo a las nuevas exigencias normativas y a la realidad que enfrentan los distintos organismos del sector público provincial.
El plan actualizado establece directrices y normas que rigen la lucha contra el fraude y la corrupción, además de prevenir posibles conflictos de interés relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia -MRR- y otros recursos europeos bajo el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 -MFP-, cuando así lo requiera la normativa pertinente, ya sea nacional o comunitaria.
Además, la Diputación se reserva el derecho de aplicar estas medidas a cualquier iniciativa o proyecto, sin importar su origen financiero, cuando lo estime necesario.
Con esta modificación, el alcance del plan se amplía para incluir no solo los proyectos financiados por el MRR, sino también otros fondos europeos del MFP 2021-2027 y futuros, así como todos los procesos de selección de personal, sean o no sustentados por financiación europea.
En un comunicado oficial, la Diputación de Badajoz subraya que actualmente es beneficiaria de 47 proyectos respaldados por diversos fondos europeos, con una inversión total próxima a los 68 millones de euros. La revisión del plan reafirma su "compromiso firme" con el "estricto cumplimiento" de las regulaciones legales y éticas, garantizando que su gestión sea vista por todos los actores involucrados como "opuesta a cualquier forma de fraude o corrupción".
La última versión del plan, aprobada el 20 de mayo de 2025, está accesible a través de un enlace, donde también se puede consultar la Declaración institucional contra el fraude y otros documentos relevantes.
Este enlace incluye un Buzón Antifraude, en el que se puede reportar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la IGAE cualquier posible acto de fraude o irregularidad relacionado con proyectos europeos.
Adicionalmente, en la página web de la Diputación, se encuentra el Canal Interno de Información, parte del Sistema Interno de Información establecido para cumplir con las obligaciones de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que protege a quienes informan sobre violaciones normativas y promueve la lucha contra la corrupción.
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