El 11 de noviembre, desde la ciudad de Mérida, se llevó a cabo una importante intervención telemática de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. En este foro, que forma parte de la Comisión Europea de Desarrollo Regional, Manzano subrayó la urgencia de priorizar la política de cohesión como un elemento clave para alcanzar la justicia e igualdad en el territorio europeo.

La consejera enfatizó que los fondos europeos constituyen mucho más que un simple refuerzo para la economía de Extremadura; son, en realidad, un elemento fundamental para el desarrollo de la inversión pública. Según sus palabras, estos recursos son vitales para financiar infraestructuras cruciales como carreteras, hospitales, centros educativos, así como para fomentar programas de investigación y empleo en la región.

Manzano expuso que durante las últimas dos décadas, las contribuciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo han sido esenciales, con unas aportaciones que superan los 4.200 millones de euros, de los cuales 3.397 millones provienen de Feder y 847 millones del Fondo Social Europeo. Estos fondos han cambiado radicalmente el panorama de oportunidades para los ciudadanos de Extremadura.

De acuerdo con la información proporcionada por la Junta de Extremadura, uno de los objetivos centrales de la Unión Europea es mitigar las desigualdades sociales y económicas que afectan a las diversas regiones del continente a través de su política de cohesión. Manzano recordó que el Tratado de Lisboa introdujo una nueva dimensión en este contexto al integrar la cohesión territorial como un principio fundamental.

La consejera enfatizó que la política de cohesión no es una opción sino una obligación inherente a la búsqueda de la igualdad y la justicia social. A su juicio, es fundamental proteger el derecho a la cohesión de todos los ciudadanos europeos, incluidos los españoles y extremeños.

Durante su presentación, Manzano también criticó el uso limitado de un único fondo europeo, conocido como Fondo de Asociación Nacional y Regional, que agrupa diversas políticas, lo cual, según ella, atenta contra los derechos de cohesión. A su juicio, esta reforma pone en peligro el modelo histórico de la Política Agrícola Común (PAC) y subrayó la importancia de garantizar un presupuesto autónomo y sólido para su funcionamiento.

Asimismo, manifestó que un enfoque centralizado en la gobernanza puede erosionar la política de cohesión, ya que las decisiones sobre reformas e inversiones se tomarían con el Estado como único interlocutor. Esta dinámica, advirtió, limita la participación de otras administraciones en la toma de decisiones clave.

Manzano concluyó su intervención resaltando que las decisiones deben ser adoptadas de manera colaborativa, involucrando tanto al Estado como a las comunidades autónomas y los municipios. Abogó por una política de cohesión fundamentada en principios de justicia y equidad, defendiendo así un futuro más integrado y justo para todos los ciudadanos en la región.