La reciente iniciativa legislativa conocida como la Ley de Concordia de Extremadura, impulsada en colaboración por el PP y Vox, ha dado un paso significativo en su camino hacia la aprobación, tras ser debatida y aprobada en el pleno de la Asamblea este jueves.

Este avance permite que la propuesta continúe su proceso en las comisiones parlamentarias, y se abre la puerta a que los diferentes grupos parlamentarios presenten enmiendas parciales antes de que se someta a una votación definitiva en una futura sesión plenaria.

Todo esto ocurrió después de que los votos conjuntos de PP y Vox rechazaran las enmiendas a la totalidad presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE, que contaron con el respaldo mutuo de estas dos fuerzas de la izquierda.

Al defender la propuesta, el diputado de Vox, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, aseguró que esta legislación representa un camino hacia la "armonía, consenso, fraternidad y paz para todos", al tiempo que busca reconocer a aquellos que han sufrido persecución o violencia debido a sus ideologías, religiones o situaciones sociales desde 1931 hasta la actualidad.

El diputado del PP, Laureano León, enfatizó que la Ley de Concordia tiene como objetivo "preservar, mantener y fortalecer la reconciliación y convivencia entre todos los extremeños, fundamentándose en los principios democráticos consagrados en la Constitución".

Desde la oposición, la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, criticó la norma al señalar que esta legislación "vulnera los derechos humanos y desatiende a las víctimas de la represión franquista", acusando a PP y Vox de intentar "robar la memoria" a través de lo que catalogó como un "pacto de la vergüenza".

Asimismo, el diputado del PSOE, José Ramón Bello Rodrigo, arremetió contra lo que llamó la "mal llamada" Ley de Concordia, describiéndola como un texto "diseñado desde el revanchismo y la humillación", además de considerarlo un "pago miserable" al apoyo de Vox en relación con las medidas fiscales de la Junta.

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