El 30 de abril, en Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la revocación de la declaración de emergencia de interés nacional que había afectado a las comunidades de Extremadura y Madrid. Esta medida se fundamenta en la confirmación por parte de los gobiernos autonómicos sobre el restablecimiento de los servicios públicos en sus regiones, incluyendo los dedicados a la gestión de emergencias.

En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior explicó que las autoridades de Extremadura y Madrid habían enviado a primera hora de la mañana un informe que respaldaba esta afirmación. Este respaldo fue corroborado en una reunión del Comité de Coordinación de Emergencias, que fue presidida por Grande-Marlaska, con la presencia de los consejeros pertinentes de ambas comunidades.

Ambas administraciones también comunicaron al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que todos sus servicios públicos funcionan de manera normal y están preparados para responder a cualquier eventualidad relacionada con la protección civil. Esta información fue clave para que el Ministerio del Interior determinara que ya no se justificaba mantener el estado de emergencia en el ámbito de estas dos regiones.

De acuerdo con el comunicado, Grande-Marlaska emitió una orden ministerial que revoca la emergencia de interés nacional, la cual se había declarado el 28 de abril debido a un apagón eléctrico que afectó a diversas comunidades, incluidas las mencionadas.

Con esta decisión, Extremadura y Madrid recuperan el control sobre sus estrategias de respuesta y recuperación tras los efectos del apagón. En el contexto actual, solo el territorio de Aragón sigue en estado de alerta, con un Nivel 2 en su plan de protección civil, lo que les permite requisitar recursos estatales para enfrentar las secuelas del incidente eléctrico.

Por otro lado, comunidades como Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, Islas Baleares y La Rioja han decidido mantener un Nivel 1 en sus planes autonómicos, dado que cuentan con recursos suficientes para manejar la situación sin necesidad de asistencia estatal. Mientras tanto, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Navarra han dado por superada la crisis y han desactivado sus respectivos planes de emergencia.