En Mérida, el 12 de septiembre, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Extremadura se ha movilizado para abordar lo que describen como un "caos sin precedentes" en el transporte escolar desde el inicio del curso académico, el cual afecta a más de 5.000 estudiantes. Con más de 200 rutas sin servicio, los socialistas consideran que se está vulnerando un derecho fundamental garantizado en la Constitución española: el derecho a la educación.

Francisco Javier Amaya, secretario de Educación y Formación Profesional del PSOE en Extremadura, ha manifestado en una rueda de prensa que están evaluando "todas las opciones legales" para instar a la presidenta regional a restablecer de manera urgente este derecho esencial. Este artículo se encuentra en el núcleo de la discusión sobre la responsabilidad gubernamental en la educación.

Amaya ha subrayado que, si sus servicios jurídicos determinan que se está infringiendo el derecho a la educación y, por ende, comprometiendo la conciliación familiar, se tomarán acciones legales. Además, ha instado a las autoridades locales a implementar "todas las medidas y tipologías de contratos necesarios" para solucionar la crisis actual del transporte escolar.

El líder socialista también ha exigido la implementación inmediata de "ayudas directas y suficientes" para las familias, quienes no solo están enfrentando el costo del inicio del curso, sino que ahora deben lidiar con este contratiempo inesperado. "Ayer y hoy, más de 5.000 alumnos han tenido que quedarse en casa debido a la falta de transporte escolar", ha enfatizado, expresando el apoyo y la empatía del partido hacia las familias afectadas, y responsabilizando a la incompetencia del gobierno en esta situación.

Amaya ha hecho un llamado urgente a la administración regional, instando a que se actúe rápidamente para restaurar un servicio esencial que garantice el acceso a la educación, un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Los socialistas han reiterado su demanda de la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, y han señalado que la máxima autoridad responsable de esta crisis educativa es la presidenta de la Junta, cuya gestión ha sido cuestionada en el contexto de estos 25 años de competencias autonómicas.

Para más detalles sobre esta situación, se puede consultar Europa Press.