MÉRIDA, 7 de marzo. La UPA-UCE Extremadura, importante organización agraria, ha solicitado formalmente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que rinda cuentas sobre lo que consideran una gestión “irresponsable” de los fondos destinados a la reestructuración del viñedo para la campaña del 2024. Este hecho ha llevado a la región a la insólita situación de tener que devolver parte de estas ayudas, incluso cuando no se ha satisfecho la totalidad de las solicitudes realizadas por los viticultores.

El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, expresó su profunda preocupación durante una rueda de prensa celebrada el viernes, señalando que “se están devolviendo fondos que podrían haber beneficiado a viticultores extremeños que necesitaban urgentemente este apoyo para sus explotaciones”.

La crítica se intensifica en un contexto en el que los hábitos de consumo han transformado drásticamente el mercado, creando una crisis aguda en ciertas variedades que obligan a los agricultores a ajustarse rápidamente a estas nuevas realidades. Huertas también enfatizó que las enfermedades de madera han diezmado la vida útil de las viñas, lo que subraya la necesidad crucial de asistencia financiera en Extremadura.

Tradicionalmente, la región ha aprovechado estas ayudas para fortalecer su sector vitivinícola, logrando aumentar el fondo asignado en ocasiones anteriores. Sin embargo, en el presupuesto del 2024, la asignación de 8,2 millones de euros se ha dejado sin cubrir, lo que ha alarmado a los miembros de la organización agraria.

Frente a las “gestiones deficientes” que afectan fuertemente a la comarca de Tierra de Barros, y considerando la falta de avances con respecto a los regadíos en la misma zona, UPA-UCE se cuestiona si la Junta de Extremadura ha dejado de lado el apoyo a esta importante área agrícola y sus agricultores. Huertas no dudó en resaltar que “las coincidencias son demasiadas y parece que la Junta busca castigar a los agricultores locales”.

UPA-UCE ha hecho un llamado directo a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, quien no ha mantenido diálogo con las organizaciones agrarias sobre la gestión de estas ayudas, un cambio de hábito con respecto a legislaturas anteriores, según lo indicado por Huertas en una nota de prensa.

Además, en medio de la sequía y la crisis que enfrenta el sector, UPA-UCE ha estado peleando para que el Ministerio de Agricultura amplíe el plazo para la autorización de plantaciones de dos a cinco años. Esta demanda fue finalmente atendida, otorgando a los agricultores más tiempo para hacer decisiones informadas.

“Estamos navegando en un mercado en constante evolución, y los agricultores necesitan planificar su siembra con la antelación suficiente, sin la presión de perder derechos”, subrayó Catalina García, responsable del área de vino en UPA-UCE, en sus declaraciones sobre la situación actual.

Por último, la organización agraria exigió a la Junta un plan estratégico claro para el viñedo, ya que, según argumentan, el sector se encuentra “completamente desorientado” al realizar nuevas siembras. García resaltó que las decisiones sobre nuevas variedades dependen exclusivamente de la oferta en viveros, sin recibir el asesoramiento necesario que les permita ajustarse adecuadamente a las demandas del mercado.