En Mérida, el 12 de septiembre, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE) ha manifestado su descontento y la posibilidad de organizar protestas si la Junta no responde a las demandas planteadas por agricultores y ganaderos tras los devastadores incendios que han azotado la región durante este verano.

Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, ha expresado su frustración al señalar que el Gobierno extremeño se encuentra en una posición desfavorable en cuanto a los apoyos destinados a la recuperación de los afectados por los incendios. Huertas ha solicitado formalmente una reunión con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, para presentar las inquietudes del sector agrícola y ganadero.

"Es imprescindible que se nos escuche. Si no se tiene en cuenta nuestra situación, no dudaremos en salir a las calles," ha afirmado Huertas, haciendo hincapié en que los incendios son un reflejo del abandono del medio rural y que no se debe permitir que esta tragedia agrave la situación de muchas familias rurales.

Durante una rueda de prensa realizada en Mérida, Huertas criticó la gestión de la Junta en cuanto a los apoyos tras los incendios, describiéndola como ineficaz y excesivamente lenta en su ejecución.

El secretario general subrayó la excepcionalidad de los incendios ocurridos en agosto, advirtiendo que la respuesta del gobierno debió ser inmediata y ajustada a la gravedad del desastre. Huertas lamentó que estos incendios han arrasado miles de hectáreas y devastado la vida de numerosos agricultores y ganaderos.

A su juicio, esta crisis se ha visto agravada por el cambio climático y la desaparición de explotaciones ganaderas y agrícolas, muchas de las cuales han cerrado debido a la falta de rentabilidad y a políticas que, en ocasiones, han resultado perjudiciales para el sector.

Huertas también indicó que, aunque durante los incendios se hicieron promesas por parte de las administraciones, estas han caído en el olvido y que, hasta ahora, la Junta no ha mantenido encuentros con las organizaciones agrarias que representan a los afectados.

Además, enfatizó que Extremadura es la única comunidad autónoma que no ha aprobado un paquete de ayudas para mitigar las pérdidas, mientras que en Castilla y León ya se han otorgado, por ejemplo, 5.500 euros a cada explotación afectada.

Respecto a las ayudas que se han anunciado en Extremadura, UPA-UCE considera que son insuficientes para que los agricultores y ganaderos puedan recuperarse. Huertas argumentó que es inaceptable ofrecer una indemnización de 3.000 euros por hectárea, cuando las pérdidas reales ascienden a cifras mucho más altas, como 30.000 euros en cultivos de cerezo y 20.000 euros en castaños.

Adicionalmente, UPA-UCE señaló que no ha habido apoyos para los ganaderos, a pesar de que la mayor parte de las tierras quemadas eran pastizales. Huertas comparó la situación con la de Galicia y Castilla y León, donde se han establecido ayudas específicas para la alimentación del ganado, lo que demuestra un compromiso más sólido con la recuperación del sector.