En Mérida, más de 16.000 maestros y maestras de la región se preparan para hacer valer su voz a través de una huelga programada para el 7 de octubre. La movilización, impulsada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP, busca llamar la atención sobre la falta de una respuesta contundente por parte de la Junta de Extremadura respecto a las demandas de homologación salarial dentro del sector educativo.

Los organizadores de la huelga, quienes también forman parte de la Mesa Sectorial de Educación, alertan que, de continuar con la actual tendencia, los docentes extremeños podrían convertirse en los peor remunerados a nivel nacional a partir del 1 de enero de 2026. Esto destaca una inequidad creciente a pesar de que otras comunidades autónomas ya han establecido acuerdos favorables para sus profesionales de la educación.

Un estudio de FUNCAS resalta la dedicación de estos educadores, quienes son reconocidos como los que más se implican con su alumnado y, a menudo, realizan funciones adicionales sin recibir compensación alguna. Este compromiso se suma a la urgencia de exigir condiciones laborales justas y dignas para quienes educan a las futuras generaciones.

La huelga no solo marca un día de protesta, sino que también incluye una manifestación programada para las 11:00 horas, donde se espera una masiva participación de los docentes de todas las etapas educativas. Los sindicatos han hecho un llamado a toda la comunidad para que se una en defensa de los derechos laborales y salariales del personal educativo.

La marcha comenzará en la rotonda del Puente Lusitania y se dirigirá a lo largo de varias calles hasta culminar en la Plaza de España, un recorrido que simboliza la lucha y la unión de los educadores en demanda de un trato equitativo.

Para garantizar que se respeten los derechos de los estudiantes durante la jornada de huelga, se han establecido unos servicios mínimos, acordados entre el Comité de Huelga y la Consejería de Educación. Estos mecanismos buscan asegurar que, a pesar de la protesta, se mantengan las actividades educativas básicas y se cumplan los derechos de aquellos que decidan no participar en la huelga.

La resolución emitida por la Consejería responde a la necesidad de mantener la actividad escolar, especificando que se debe garantizar la atención adecuada a los alumnos, incluyendo aquellos que residen en internados. La administración también subraya la importancia de que los directores de los centros mantengan abiertas las instalaciones conforme al marco legal establecido.

Cabe destacar que cualquier incumplimiento de estas normativas será objeto de sanciones, enfatizando la seriedad con la que se está manejando esta situación. La Consejería reitera que el cierre total de centros educativos contradice lo estipulado en la resolución y es imperativo que se respete la normativa vigente para salvaguardar el derecho a la educación de los estudiantes.