En Mérida, el 28 de octubre, se ha producido un giro significativo en la lucha por los derechos laborales de los docentes extremeños. Las cinco organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura, a saber, PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT, han decidido posponer la huelga programada para el 7 de noviembre. Esta decisión se da en medio de la reciente convocatoria de elecciones en la región.

Durante una reunión celebrada este martes, los sindicatos llegaron a la conclusión de que, por un sentido de "responsabilidad", es preferible aplazar la protesta hasta la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones. Esta medida se considera necesaria para garantizar un entorno electoral tranquilo y respetar el proceso democrático que están atravesando los ciudadanos de Extremadura.

En un comunicado de prensa conjunto, las organizaciones enfatizaron que su postura responde a un compromiso con el bienestar de la ciudadanía. A pesar de que la huelga y otras movilizaciones que buscan una homologación salarial quedan momentáneamente suspendidas, las reivindicaciones no desaparecen. Los sindicatos subrayan que los problemas relacionados con el salario de los docentes continúan vigentes, a pesar de la proximidad de las elecciones.

Los sindicatos también han dejado claro que, mientras no se establezca una negociación efectiva ni se alcance un acuerdo que garantice la homologación salarial, no formarán parte de futuras reuniones convocadas por la Consejería de Educación. Este es un indicador de que, a pesar de la pausa en la movilización, la lucha por mejores condiciones laborales sigue latente.

Además, han indicado que solicitarán a los partidos políticos la firma de un compromiso público en apoyo a sus demandas de homologación salarial, de acuerdo con una propuesta que fue respaldada por unanimidad el 27 de marzo de 2025. Este enfoque muestra una clara intención de coordinar esfuerzos para lograr un cambio significativo en el sector educativo.

Finalmente, los sindicatos han instado a que las reuniones con las fuerzas políticas se realicen "a la mayor brevedad posible y antes del inicio de la campaña electoral". Este llamamiento refleja la urgencia de abordar las preocupaciones salariales de manera prioritaria en la agenda política de la región.