Este 5 de septiembre, se ha dado un paso importante en la defensa del derecho a la educación en Extremadura. La Junta de Extremadura ha decidido llevar al Juzgado de Instrucción de guardia en Mérida una denuncia contra varias empresas del transporte escolar en la región, acusándolas de no adherirse al acuerdo marco firmado en 2024. Este pacto, que implicaba un aumento de más de 16 millones en el presupuesto para este servicio tan esencial, busca asegurar que el transporte escolar funcione de manera óptima.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, explicó que esta acción es una medida necesaria para proteger el derecho a la educación de todos los ciudadanos de Extremadura. Manzano resaltó la urgencia de garantizar la prestación de un servicio que considera vital, pues el transporte escolar es clave para el acceso a la educación de los más jóvenes en la comunidad.

Durante su comparecencia ante los medios, Manzano señaló que la gran mayoría de las empresas del sector han mostrado su disposición a respetar lo acordado en 2024. Sin embargo, persistió un pequeño grupo que ha decidido no cumplir con el pacto, lo que ha llevado a la Junta a solicitar al juzgado que, de manera cautelar, se garantice la continuidad del servicio de transporte escolar durante el curso 2025-2026, tal como se había comprometido.

“Solicitamos una medida cautelar para asegurar que el servicio se mantenga, porque es crucial para el bienestar de nuestros estudiantes,” afirmó Manzano, enfatizando que es vital no perder de vista la relevancia del transporte escolar. Se trata de un servicio que, sin duda, impacta directamente en el presente y futuro de la educación en la región.

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