La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura se encuentra en un momento crucial mientras aguarda el pronunciamiento judicial sobre una denuncia presentada recientemente, que busca la implementación de medidas cautelares urgentes.

Este 10 de septiembre, la Junta ha dado un paso firme al emitir una resolución administrativa que permite la adjudicación directa del servicio de transporte escolar a aquellas empresas que históricamente han operado las rutas necesarias, y que quedaron sin cubrir tras la última licitación realizada.

La decisión se toma luego de que en la última licitación, llevada a cabo el 9 de septiembre, se lograran adjudicar solo 19 de las 579 rutas disponibles, dejando un total de 223 rutas sin asignar, lo que ha generado preocupación en la comunidad educativa.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, explicó en una rueda de prensa celebrada en Mérida que, a través de esta resolución, se está confiando a los transportistas homologados en el acuerdo marco de 2024 la obligación de proporcionar un servicio que se considera esencial para el desarrollo educativo de los alumnos.

Vaquera enfatizó la seriedad de la resolución, advirtiendo que si las empresas no cumplen con esta obligación, la Junta no dudará en tomar las medidas necesarias para hacer cumplir la normativa. “Si no lo hacen, tendremos que actuar, porque esto es un asunto administrativo de relevancia”, afirmó la consejera.

Paralelamente, la Junta está a la espera de la respuesta de la Justicia a la denuncia presentada la semana anterior contra algunas empresas del sector, las cuales estarían impidiendo la aplicación del acuerdo marco vigente, lo que afecta el servicio educativo.

En la denuncia, la administración regional solicitó medidas cautelares para proteger el derecho de los estudiantes a un transporte escolar adecuado. La consejera subrayó que esta acción no surge de la falta de participaciones en licitaciones, sino de un intento por parte de algunas empresas de manipular precios mediante coacciones y amenazas, perjudicando así los derechos de miles de alumnos.

Ante las críticas de la oposición sobre la gestión del transporte escolar por parte de la Junta, Vaquera defendió la labor de su Gobierno desde su llegada al poder en julio de 2023, destacando que han estado trabajando arduamente para garantizar un servicio esencial como el transporte escolar.

“Desde ese momento, hemos estado planeando y gestionando para que todos los estudiantes tengan acceso al transporte que necesitan”, destacó, asegurando que la Junta siempre ha estado dispuesta a colaborar con el sector. Sin embargo, señaló que tomar acciones legales fue una medida necesaria debido a las circunstancias.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a no permitir que se altere el mercado ni que se produzcan amenazas a las empresas que están desempeñando su labor de manera correcta y honesta. “No podemos aceptar tácticas que distorsionen los precios o coacciones que afecten a los actores honestos del sector”, concluyó Vaquera, reafirmando su compromiso con el bienestar de los estudiantes de la región.